El incremento de la criminalidad y la expansión de economías ilegales en el Perú han obligado a las empresas a destinar alrededor de S/15 mil millones al año en seguridad privada, según estimaciones del Videnza Instituto. Luis Miguel Castilla, director de la entidad y exministro de Economía, señaló que estos recursos se invierten para proteger a los trabajadores, plantas y operaciones de las compañías, ante el creciente control territorial de bandas criminales.

Castilla advirtió que el impacto de la inseguridad ciudadana y jurídica no solo afecta directamente a las empresas, sino también a la economía nacional. “Hoy, lo que el Estado gasta en seguridad pública es aproximadamente S/15 mil millones, y la seguridad privada contratada por las empresas representa un monto similar. Estos recursos, en lugar de destinarse a usos más productivos, se emplean en proteger la integridad de los trabajadores, las plantas y, en el caso de la minería, los yacimientos”, afirmó durante su intervención en el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El exministro también destacó que la expansión de economías ilegales, como la minería ilegal asociada al crimen transnacional, está causando graves problemas en regiones como Piura, La Libertad, Puno, Madre de Dios y Arequipa, con el riesgo de que esta situación se extienda a territorios colindantes. “Las bandas criminales ejercen un control violento de los territorios, y la ausencia de Estado de derecho genera un problema serio para el país”, enfatizó.

Por otro lado, la falta de seguridad jurídica representa un obstáculo para atraer inversiones. Castilla mencionó que el incumplimiento por parte del Estado en acuerdos relacionados con concesiones y contratos desalienta la llegada de capitales. “Cuando se violenta la seguridad jurídica, las inversiones simplemente se van a otro lado”, advirtió.

El director de Videnza remarcó que la inseguridad no solo afecta la imagen del Perú, sino también su capacidad para lograr un crecimiento económico sostenible, una situación que requiere medidas urgentes para revertir sus efectos y devolver confianza a los inversionistas y a la ciudadanía.