El Senace prevé contribuir este año al destrabe de inversiones superiores a los US$ 20.000 millones, de las cuales más del 70% corresponde a proyectos mineros, informó su presidenta, Silvia Cuba, durante su participación en un Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La funcionaria explicó que actualmente la entidad tiene 102 estudios ambientales mineros en evaluación, entre ellos iniciativas como Coroccohuayco y La Granja. En ese contexto, indicó que el organismo busca reducir los tiempos de tramitación mediante un acompañamiento técnico previo a la presentación oficial de los expedientes.

Según detalló, uno de los principales problemas históricos ha sido la baja calidad de los estudios ambientales, lo que generaba múltiples rondas de observaciones y retrasos en la aprobación. Recordó que algunos expedientes llegaron a requerir hasta 17 solicitudes de información complementaria antes de obtener luz verde.

Sin embargo, aseguró que el nuevo esquema de coordinación anticipada con empresas y consultoras ya muestra resultados, permitiendo que algunos proyectos ingresen con apenas dos o tres observaciones, frente a las 60 o 70 que anteriormente podían registrarse.

Cuba también destacó que la entidad viene incorporando herramientas de inteligencia artificial y plataformas digitales para agilizar tanto la elaboración como la evaluación de estudios ambientales. Entre las medidas implementadas figura el uso compartido de líneas base ambientales previamente aprobadas, lo que facilitaría reutilizar información validada y reducir tiempos de trabajo en campo.

La titular del Senace señaló que algunos Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS) ya se están aprobando en plazos menores a los establecidos legalmente gracias a este modelo de trabajo. Como ejemplo, mencionó el caso de Cerro Verde, cuyo estudio ambiental fue aprobado en 11 meses y que, según indicó, pudo resolverse incluso en nueve meses sin retrasos de entidades opinantes.

Pese a la presión por acelerar inversiones, Cuba remarcó que la meta sigue siendo mantener calidad técnica, seguridad jurídica y legitimidad social en las decisiones ambientales, apostando por procesos más predecibles y eficientes para el sector minero.