Medio especializado en el desarrollo minero y energético del país.

Perú pierde millones de soles por la no ejecución de proyectos mineros en los últimos 15 años

no ejecución de proyectos mineros

La no ejecución de 23 proyectos mineros en Perú en el período comprendido entre 2008 y 2022 ha tenido un costo significativo para la economía del país, según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE).

El informe del IPE estima que esta falta de ejecución ha resultado en pérdidas de aproximadamente S/698 mil millones para la economía peruana, además de S/123 mil millones en recaudación fiscal. Además, se estima que se han evitado la creación de hasta 541,000 empleos anuales durante la fase de producción y de hasta 125,000 empleos anuales durante la fase de inversión minera.

Carlos Gallardo, gerente general del IPE, destacó que la puesta en marcha de estos proyectos habría aumentado el crecimiento promedio anual de la economía del 3.9% al 4.7% en el período entre 2008 y 2022, lo que habría sacado a 1.7 millones de personas adicionales de la pobreza para 2022.

El informe también señala que la conflictividad social en torno a la minería ha obligado a 11 de las principales unidades mineras en Perú a detener sus operaciones entre 2021 e inicios de 2023, lo que ha ocasionado pérdidas de aproximadamente S/7,000 millones en términos de menor Producto Bruto Interno (PBI). Esta conflictividad social ha reducido el crecimiento económico en 1.1 puntos porcentuales y habría aumentado la recaudación fiscal en S/1,800 millones, un 5.2% adicional de lo recaudado por el sector minero durante dicho período.

La complejidad regulatoria y la sobrerregulación también han sido identificadas como obstáculos para el desarrollo de proyectos mineros en el país. Se señala que los cuellos de botella principales están relacionados con los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa, que pueden extender el cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 6 o 7 años, más del doble del tiempo normativo de 2 a 3 años.

El IPE destaca la urgencia de implementar políticas coordinadas para abordar las causas subyacentes de la conflictividad social y la tramitología, con el objetivo de desbloquear el potencial económico y de inversión que ha estado en espera debido a estos factores.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestra publicación periódica.​

Últimas noticias

Nuestros clientes