El Ejecutivo ha puesto en marcha una ofensiva legal y administrativa para frenar el avance de la minería ilegal y los delitos conexos en el distrito de Pataz, región La Libertad. A través del Decreto de Urgencia N.º 006-2025, se establecieron acciones extraordinarias en materia económica y financiera, con énfasis en la trazabilidad, fiscalización y control del transporte y comercialización de insumos, explosivos, maquinaria y productos mineros.
Una de las principales disposiciones es la implementación de rutas fiscales obligatorias y la instalación de puntos de control, acompañadas por una fiscalización integral del traslado de insumos químicos, materiales relacionados y del oro extraído, con el objetivo de cerrar el paso a la minería ilegal y sus redes de comercialización.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tendrá a su cargo la verificación del estado de inscripción de los operadores en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y evaluará que la información declarada en los instrumentos de gestión ambiental —como el IGAC o el IGAFOM— coincida con la producción minera reportada. En caso contrario, procederá con la revocación automática de la inscripción, medida que se aplicará también si la producción declarada proviene de una ubicación distinta a la registrada oficialmente.
Este proceso de revocación se realizará previa emisión de un informe técnico y/o legal por parte de la Dirección General de Formalización Minera del MINEM. Dicho informe se sustentará en actas de fiscalización emitidas por entidades como la Policía Nacional del Perú, SUNAT, el Ministerio Público, SUTRAN, entre otras.
Paralelamente, el MINEM deberá implementar en un plazo de 90 días calendario un sistema piloto de trazabilidad para el oro comercializado en Pataz. Este sistema permitirá seguir la ruta del mineral, desde su extracción hasta su destino final, incluyendo todas las operaciones de compra y venta, y será obligatorio para quienes se registren en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO).
Cabe destacar que esta norma también ordena la revocación automática de todas las inscripciones suspendidas en el REINFO correspondientes a los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, lo que representa un paso firme hacia el ordenamiento de la actividad minera en una de las zonas más afectadas por la criminalidad organizada en el país.
