El avance de la minería ilegal en el país no solo afecta la recaudación y la inversión, sino que también limita el crecimiento económico y retrasa la reducción de la pobreza. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad podría estar restando hasta un 12% al crecimiento potencial del PBI, debido principalmente a la paralización o demora de proyectos mineros.

Durante proEXPLO 2026, el gerente general del IPE, Carlos Gallardo, explicó que, aunque existe una cartera importante de iniciativas extractivas, muchas no se ejecutan al ritmo esperado por factores como la conflictividad social, la tramitología y, de manera creciente, la expansión de la minería ilegal en zonas clave.

El impacto no se limita al ámbito macroeconómico. El menor dinamismo de la inversión minera formal también ha tenido consecuencias directas en la población: entre 1,5 y 1,7 millones de personas no habrían logrado salir de la pobreza en los últimos 15 años debido a la falta de ejecución de proyectos, lo que evidencia el costo social de este fenómeno.

A ello se suma la pérdida de competitividad del Perú como destino de inversión minera. Indicadores internacionales muestran que el país ha descendido en los rankings de atractivo para capitales globales, en parte por el deterioro en seguridad vinculado al crecimiento de economías ilegales, un factor cada vez más determinante en la toma de decisiones empresariales.

El IPE también alertó sobre distorsiones en el mercado, como el incremento de exportadores de oro y cambios en los destinos comerciales hacia países como India y Emiratos Árabes Unidos, así como el aumento de operaciones sospechosas. En paralelo, la minería ilegal continúa expandiéndose hacia áreas protegidas, operaciones formales y proyectos en desarrollo, ampliando su impacto sobre la economía y el territorio.