La formalización minera en Perú enfrenta serios obstáculos debido a la falta de recursos adecuados y la demora en la transferencia del presupuesto, según advirtió Aarón Quiñón, investigador del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico. El especialista señaló que el proceso no funciona de manera eficiente y que se requiere un «shock de recursos» que hasta ahora no se ha concretado.
Quiñón criticó que el presupuesto público asignado a la formalización minera llegue tarde, lo que impide una planificación adecuada y obliga a ejecutar los fondos de manera apresurada al final del año, comprometiendo la eficiencia del proceso. Para 2024, el presupuesto final asignado fue de S/25.8 millones, mientras que el presupuesto inicial apenas alcanzó los S/15 millones, cifra que, según el experto, refleja la inestabilidad en la gestión financiera a lo largo del año.
El retraso en la transferencia de fondos a los gobiernos regionales no solo ralentiza el proceso de formalización, sino que también afecta la contratación de personal capacitado, clave para enfrentar el alto volumen de expedientes técnicos. Además, la falta de recursos impide cubrir necesidades básicas, como el alquiler de vehículos para acceder a zonas de difícil alcance donde opera la minería informal.
Según el investigador, trabajar con un presupuesto inicial tan limitado genera un ciclo vicioso: la falta de fondos oportunos deja vacíos que pueden ser aprovechados por grupos delictivos, dificultando aún más los esfuerzos de regulación y formalización.
Quiñón subrayó que la escasez de recursos afecta también la permanencia de profesionales en el sector público, ya que las contrataciones suelen ser temporales debido a la llegada tardía de los fondos. Esta situación desalienta a los especialistas a permanecer en el proceso de formalización, debilitando aún más la capacidad del Estado para abordar la minería informal.
El politólogo concluyó que la falta de un presupuesto inicial sólido y las transferencias tardías no permiten una planificación efectiva ni una distribución adecuada de actividades. El resultado es un calendario ajustado que obliga a ejecutar los fondos de manera poco eficiente al final del año, limitando las posibilidades reales de fiscalizar, formalizar y acompañar a los mineros de manera efectiva.
