Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), destacó que la conflictividad social en el país está generando incertidumbre y retrasos en las inversiones. Según Zegarra, esta situación es principalmente consecuencia de la falta de oportunidades de desarrollo en las zonas rurales del país, lo que hace necesario impulsar un enfoque de desarrollo territorial.
Durante su intervención en la I Cumbre de Minería Responsable y Desarrollo Territorial, Zegarra explicó que, aunque el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas muestra un crecimiento nacional del 60%, este crecimiento ha sido desigual. «Este crecimiento desigual nos ha generado conflictividad, porque las personas que viven cerca de los proyectos mineros no encuentran sentido en los números macroeconómicos del país», indicó.
Además, Zegarra mencionó que, junto a otros colegas, identificó un círculo vicioso en el que el país caía al intentar resolver la conflictividad mediante trámites burocráticos. «Habíamos tratado de resolver la conflictividad con tramitología, y la tramitología no había logrado resolverla. Más permisos y firmas no significaban necesariamente menos conflictos; en muchos casos, los conflictos y la frustración aumentaban», señaló.
Ante esta problemática, Zegarra propuso que el desarrollo territorial podría ofrecer una solución integral. Para ello, es crucial la participación de todos los actores involucrados: el Estado, las empresas, la academia y la sociedad civil. Resaltó que las empresas mineras deben actuar como catalizadoras y promotoras de la gobernanza territorial.
Asimismo, Zegarra abogó por la creación de una política nacional de diálogo y gestión de conflictos sociales, así como un sistema nacional que garantice su implementación. También enfatizó la importancia de fomentar la participación activa de las universidades regionales y otros actores del sector del conocimiento para lograr un desarrollo territorial sostenible.
