La empresa estatal Activos Mineros (AMSAC) reafirma su compromiso con la recuperación ecológica y la remediación de pasivos ambientales en diversas regiones del país. Para el 2025, invertirá S/135 millones en la ejecución de proyectos clave, entre ellos Huaynacancha, Caudalosa y Azulmina, con el objetivo de restaurar suelos y proteger los recursos hídricos afectados por la minería ancestral.
Según el gerente general de AMSAC, Antonio Montenegro, la mayor parte de la inversión se destinará a Huaynacancha, en la provincia de La Oroya, región Junín, con un presupuesto de S/77.7 millones. Este proyecto beneficiará a 23 mil personas mediante la recuperación de suelos y la implementación de plantaciones forestales para mejorar la fertilidad de la tierra. Además, se espera culminar la etapa final de Caudalosa y Azulmina, en la región de Pasco, donde el segundo proyecto favorecerá a más de 29 mil habitantes de los distritos de Santa Ana de Tusi y Chacayán.
El plan de inversión de AMSAC no se limita al 2025. Montenegro destacó que la estrategia es multianual, con una proyección de más de S/400 millones hasta el 2028, reflejando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la reparación del daño ambiental generado por operaciones mineras no reguladas en el pasado.
Durante 2024, AMSAC superó sus propias expectativas al ejecutar S/185 millones, una cifra superior a los S/149 millones previstos inicialmente. Este resultado fue posible gracias a la culminación de proyectos en Pasco, Áncash y Lima, como Caridad, Pushaquilca Puente Tinco y Excélsior, siendo este último clave en la contención de 55 millones de toneladas de desmonte minero en más de 65 hectáreas.
«Esto nos ha posicionado como la empresa líder en la región en remediación de pasivos ambientales. Ahora enfrentamos el reto de hacer sostenible esta intervención y perfeccionar nuestros sistemas de gestión», destacó Montenegro en una entrevista con Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
AMSAC, que forma parte del holding Fonafe, es la entidad encargada de la gestión de los pasivos ambientales mineros en el país. Su labor se enfoca en intervenir y remediar las zonas afectadas por operaciones mineras abandonadas, anteriores a la promulgación de la Ley de Cierre de Minas, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y las comunidades locales.
