En un contexto regional marcado por la inestabilidad política y económica, Perú mantiene su posición como un destino confiable para los inversionistas a nivel global, afirmó Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y actual director de Videnza Instituto. Durante su participación en el programa Diálogos Mineros, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Castilla sostuvo que, a pesar de los desafíos, el país sigue figurando en el radar de los grandes capitales internacionales.
“El Perú destaca en una región convulsa”, subrayó Castilla, al comparar la situación nacional con la de países como Bolivia, Argentina, Colombia y Ecuador. Esta percepción favorable se refleja en el creciente dinamismo de la adjudicación de proyectos de inversión público-privada, un indicador clave de la confianza del mercado en la estabilidad a largo plazo del país.
Según datos de ProInversión, para 2025 se prevé la adjudicación de 34 proyectos con una inversión superior a los 8,800 millones de dólares, mientras que en 2026 la cifra aumentaría a 46 proyectos con un valor estimado en más de 8,200 millones de dólares. Castilla destacó que la reactivación de la agencia ProInversión y el volumen de contratos adjudicados recientemente son claros signos de un renovado compromiso de los inversionistas con el Perú.
Otro factor que refuerza esta confianza, según el exministro, es el acercamiento estratégico con grandes compañías mineras durante el Foro Económico Mundial en Davos. En el evento, la presidenta Dina Boluarte sostuvo reuniones con líderes de empresas como Glencore, Freeport-McMoRan y Newmont, todas con operaciones importantes en el país. “Estas compañías expresaron su voluntad no solo de permanecer, sino de expandir sus inversiones en el Perú”, enfatizó Castilla.
Sin embargo, el director de Videnza Instituto advirtió que para consolidar esta posición favorable, es indispensable mantener reglas de juego claras y previsibles. Además, señaló la importancia de reducir la tramitología y gestionar adecuadamente los conflictos sociales que puedan surgir, a fin de asegurar un entorno que siga siendo atractivo para la inversión.