Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, ha lanzado una advertencia sobre la posible migración de la minería ilegal del oro al cobre. En una entrevista exclusiva con el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Castilla expresó su preocupación ante la expansión de esta actividad ilícita hacia la minería cuprífera.
Castilla explicó que, actualmente, la minería ilegal se concentra principalmente en la extracción de oro, debido a los altos precios del mercado. Sin embargo, señaló que la tecnología empleada para extraer oro de los socavones no difiere mucho de la que se utiliza en la minería de cobre, lo que facilita una posible transición. Según el exministro, la volatilidad del precio del cobre, sumada a la demanda que se espera aumente con la transición energética, podría hacer que esta actividad ilegal se extienda al cobre, creando un problema aún más grave para el país.
La falta de seguridad jurídica y ciudadana también fue un tema abordado por Castilla, quien subrayó que la proliferación de la minería ilegal, en conexión con el crimen transnacional, está afectando negativamente la economía y la imagen del Perú. Indicó que bandas criminales están tomando el control de territorios en regiones como Piura, La Libertad, Puno, Madre de Dios y Arequipa, lo que incrementa la violencia y la vulnerabilidad del Estado de derecho.
Además, Castilla mencionó que la inseguridad ciudadana representa un obstáculo para el crecimiento económico del Perú. El exministro reveló que, actualmente, el Estado gasta alrededor de S/ 15 mil millones en seguridad pública, mientras que las empresas destinan un monto similar en seguridad privada. Estos recursos, que podrían ser invertidos en actividades más productivas, se están utilizando para proteger la integridad de trabajadores, plantas, empresas y yacimientos, lo que limita el desarrollo del país.
Castilla concluyó advirtiendo sobre la gravedad de estos problemas, y la urgente necesidad de que el Estado tome medidas efectivas para enfrentar la minería ilegal y mejorar la seguridad en el país, evitando así que la situación empeore y afecte aún más la estabilidad económica y social del Perú.
