El alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre, alertó sobre una preocupante discrepancia entre la producción formal de oro en el Perú y las cifras de exportación reportadas por la Sunat. Según señaló, mientras la producción nacional formal alcanzó las 100 toneladas en 2023, las exportaciones llegaron a 175 toneladas, lo que evidencia un desfase de 75 toneladas atribuibles al oro ilegal.
Durante su participación en la conferencia magistral del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en la Semana de la Ingeniería de Minas 2025, García destacó que esta alarmante cifra representa un valor estimado de S/ 30 mil millones provenientes de la minería ilegal. “No estamos hablando solo de una actividad ilegal, sino de una economía ilegal que debemos afrontar con urgencia”, enfatizó.
El comisionado subrayó la necesidad de cerrar esta brecha, no reduciendo la producción, sino fomentando la formalización minera para que las cifras de la producción formal crezcan sostenidamente. “La clave está en que cada vez sea mayor la producción formal, y ahí es donde la formalización minera juega un papel crucial”, agregó.
Sin embargo, García fue crítico con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), calificando su impacto como insuficiente. Según precisó, en los últimos ocho años solo el 2.4% de los inscritos en el Reinfo han logrado formalizarse. “De más de 84 mil registrados, solo 2,100 han sido formalizados. Esto claramente no ha funcionado”, lamentó.
Asimismo, puso en relieve la dimensión política del problema, destacando la importancia de las Elecciones del 2026. “Es fundamental que tengamos una población informada que elija gobernadores comprometidos con supervisar, fiscalizar y formalizar progresivamente la minería. Los directores generales de Energía y Minas que ellos designan son clave para combatir esta problemática”, señaló.
El desafío de enfrentar la exportación y comercialización de oro ilegal, que García identificó como uno de los puntos más urgentes en la lucha contra la minería ilegal, se presenta como un llamado a replantear el marco legal y a tomar decisiones políticas que favorezcan el desarrollo de una minería formal y responsable.