El avance de la minería ilegal en el Perú ya no responde únicamente a economías informales aisladas, sino a redes criminales que disputan territorios y buscan influir en las decisiones públicas, advirtió el analista Iván Arenas durante su participación en proEXPLO 2026. Según explicó, el país atraviesa una etapa crítica en la que confluyen conflictividad social, economías ilícitas y organizaciones vinculadas a actividades extractivas ilegales.

Arenas sostuvo que el escenario de conflictividad minera ha cambiado en las últimas décadas. Primero predominaban posiciones ideológicas contra la minería formal y luego surgieron demandas económicas de comunidades. Sin embargo, aseguró que actualmente varios grupos ligados a la minería informal e ilegal buscan incorporarse directamente al negocio minero y controlar espacios estratégicos en distintas regiones del país.

Durante su exposición, indicó que existen corredores económicos ilegales conectados entre sí, donde convergen minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. Estas rutas, señaló, atraviesan zonas como Loreto, Huánuco, Cajamarca, Putumayo, Marañón y Apurímac, por lo que consideró insuficiente enfrentar el problema únicamente con intervenciones focalizadas.

El especialista también alertó sobre la creciente influencia política de organizaciones relacionadas con la minería artesanal e informal. Según indicó, ciertos discursos y conceptos terminan incorporándose en propuestas normativas que podrían afectar la seguridad jurídica y el sistema de concesiones mineras del país.

En ese contexto, Arenas afirmó que el Estado debe replantear su estrategia y abordar la minería ilegal como una estructura económica criminal organizada. “Si no entendemos la conexión territorial y económica detrás de estas actividades, no atacaremos el problema de fondo”, remarcó durante el evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.