El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) iniciará este año un proceso clave para ordenar y fortalecer la pequeña minería y la minería artesanal en el país, con la ejecución de un Censo Nacional que permitirá identificar con precisión cuántos mineros existen, dónde operan y en qué condiciones desarrollan su actividad. Así lo anunció Wilfredo Portilla Barrera, nuevo director general de Formalización Minera, al detallar las principales líneas de acción de su gestión.

El funcionario explicó que este levantamiento de información es fundamental para sincerar el panorama de la actividad minera a pequeña escala y diseñar políticas públicas más efectivas. “Necesitamos ubicar a los pequeños mineros, saber quiénes son y dónde están; sin ese diagnóstico es imposible avanzar con seriedad”, señaló en entrevista con RCR Red de Comunicación Regional.

De manera paralela, el MINEM impulsará una revisión integral de las normas y procedimientos vigentes, con el objetivo de simplificar un proceso de formalización que hoy es percibido como lento y burocrático. Portilla indicó que esta reingeniería administrativa responde a un enfoque de mejora continua, orientado a hacer más eficiente la gestión pública y facilitar la incorporación de miles de mineros al marco legal.

Otro de los ejes de trabajo será la culminación de la transferencia del acervo documentario del proceso de formalización minera integral desde los gobiernos regionales al MINEM. Según precisó, siete regiones ya han completado este paso, mientras que con las restantes se abrirán espacios de diálogo para acelerar el cumplimiento de este trámite.

Portilla remarcó que todas estas acciones se enmarcan en una visión de desarrollo sostenible, cuyo objetivo es asegurar que la actividad minera contribuya al bienestar presente sin comprometer el futuro. En esa línea, adelantó que su gestión pondrá especial énfasis en la aprobación de la Ley MAPE en los próximos meses, normativa que busca dar un marco legal estable a la pequeña minería y minería artesanal.

“Vamos a ponerle el punche para que esto se agilice. Es nuestra función y nuestra obligación moral lograr que exista una ley que garantice los derechos de millones de personas que dependen de esta actividad”, concluyó el funcionario.