Gustavo Ramírez, abogado senior de Compañía Minera Poderosa, planteó la implementación de un sistema interoperable de trazabilidad que permita a distintas instituciones, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Sunat, Sucamec y el Ministerio Público, coordinar acciones para fiscalizar el transporte y la producción de minerales, especialmente el oro, usado con frecuencia en actividades de minería ilegal.

Durante su participación como panelista en el evento Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Ramírez destacó que la normativa actual solo obliga al comprador a demostrar la legalidad del mineral adquirido, dejando un vacío legal en el control de toda la cadena productiva. Según explicó, no existe un estándar claro sobre cómo garantizar la trazabilidad del mineral desde la extracción en bocamina hasta su llegada a las plantas de procesamiento.

En este contexto, Ramírez propuso que los camiones que transporten minerales estén equipados con sistemas de GPS para monitorear en tiempo real su trayecto, asegurando un control más riguroso. “Con un GPS puedes saber si el camión paró, se desvió o llegó al lugar previsto. Esto permite verificar si transportaba 20 toneladas de oro o cobre y corroborar si llegaron al destino con la ley declarada o si hubo irregularidades en el camino”, explicó.

El abogado subrayó que esta medida contribuiría a exigir a las cerca de 300 plantas de beneficio formales del país reportar sus transacciones de manera detallada, reforzando así el control en la cadena de producción. Asimismo, destacó que la trazabilidad debe abarcar no solo la bocamina, sino todas las etapas del proceso, desde el transporte hasta el procesamiento final, para cerrar las brechas legales y operativas que facilitan la minería ilegal.

Ramírez insistió en que, aunque la implementación de este sistema requiere voluntad política, es una medida viable y necesaria para combatir el impacto de la minería ilegal. “Es cuestión de decisión política y sí se puede hacer”, concluyó, reiterando la urgencia de establecer estándares claros para el sector minero y fortalecer la fiscalización a través de la cooperación entre las diferentes entidades del Estado.