Desde el año pasado, el Gobierno peruano ha estado trabajando a través de una comisión multisectorial para desarrollar propuestas dirigidas a combatir la minería ilegal que afecta al país. Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) sobre los progresos de esta comisión.
García Esquerre explicó que la comisión está integrada por nueve ministros, además de entidades clave como el Ministerio Público, la Sunat y el Poder Judicial. La estrategia multisectorial para enfrentar la minería ilegal se presentará a finales de septiembre ante un grupo técnico y las autoridades, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
El funcionario detalló que una vez aprobada la estrategia, cada institución involucrada deberá desarrollar planes específicos basados en este marco estratégico. Subrayó que «una vez que el documento sea aprobado, se deben desprender los planes específicos que cada institución o cada entidad que está involucrada».
El análisis de la estrategia se centra en la cadena de valor de la minería ilegal, diferenciando entre la minería aluvial y la minería filoniana para identificar las áreas más vulnerables y prioritarias. García Esquerre mencionó que han encontrado diferencias significativas entre ambos tipos de minería y que la cadena de valor está siendo analizada para determinar las partes más importantes y vulnerables que necesitan mayor atención.
Este esfuerzo incluye la colaboración del Ministerio del Interior y un grupo de trabajo multisectorial, compuesto por una secretaría técnica y profesionales dedicados a evaluar todos los aspectos de la minería ilegal. García Esquerre señaló que hay más de 20 instituciones del Estado involucradas en los tres ejes de la estrategia: la formalización de mineros informales, la erradicación de la minería ilegal y la recuperación del ambiente.
En cuanto a la formalización, García Esquerre recordó que las normativas actuales asignan esta responsabilidad a las Direcciones o Gerencias Regionales de Energía y Minas, que trabajan en conjunto con otras instituciones como Sernanp o Serfor. No obstante, sugirió que la formalización debería ser responsabilidad de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) por un periodo determinado.
Sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), García Esquerre opinó que su vigencia no debería ser prorrogada ni abierta a nuevas inscripciones, ya que este mecanismo no ha funcionado adecuadamente. A pesar de contar con más de 86,000 inscritos, solo poco más de 23,000 registros están vigentes y apenas unos 2,000 se han formalizado.
Homar Lozano, director del IIMP, consideró que tras la presentación del anteproyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal por parte del Minem, será fundamental recoger sugerencias para mejorar la iniciativa y lograr un ordenamiento que responda a la realidad de esta actividad. Lozano enfatizó que el otorgamiento de incentivos suele ser más efectivo que la represión en actividades como la minería artesanal y que la simplificación administrativa y la supervisión constante son esenciales para un acompañamiento adecuado del Estado.
