Un informe reciente de Cuarto Poder ha expuesto cómo los lingotes de oro son transportados sin ninguna supervisión por parte de las autoridades, lo que representa un alto riesgo para la minería formal en Perú.

El reportaje revela que el oro es trasladado en caravanas y camionetas desde los puntos de extracción hasta los aeropuertos, todo esto sin la vigilancia adecuada. Este descuido en la supervisión ha permitido que los mineros ilegales aprovechen el aumento histórico del precio internacional del oro, arriesgando todo para mover el mineral hacia las ciudades.

Hace pocos días, la Policía Nacional del Perú incautó 45 kilos de oro que iban a ser sacados ilegalmente del país. A pesar de este golpe, la falta de regulación y supervisión sigue siendo un problema crítico.

En Perú, solo dos empresas cumplen con los requisitos legales para realizar el transporte de oro de manera segura: Hermes y Prosegur. Estas empresas deben tener un capital mínimo de S/ 15 millones, 620 mil 100 (aproximadamente US$ 4 millones) para operar. Sin embargo, una nueva ley aprobada por el Congreso permite reducir este capital mínimo, lo que podría permitir que cualquier empresa se involucre en el transporte de oro, incrementando el riesgo de actividades ilegales.

Flavio Ausejo, docente de la Escuela de Gobierno PUCP, comentó que «lo que estamos observando es la consolidación de un modelo de negocio basado en lo informal. Blindar la cadena de producción». Por su parte, Julio Corcuera, gerente de la Asociación de Seguridad Privada, subrayó la necesidad de que estas empresas sean fiables y legales para evitar que se integren en economías ilegales.

El problema de la minería ilegal en Perú es significativo. Según el Instituto Peruano de Economía, Perú lidera la exportación de oro ilegal con un 44%, seguido de Colombia con un 25% y Bolivia con un 12%. La pregunta crucial es: ¿cómo y por dónde sale este oro?

El informe de Cuarto Poder también destaca que desde el 2002 se han implementado varias medidas para regular la minería artesanal e informal, pero estas han fracasado en su mayoría. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2016 para regularizar a los mineros informales, ha sido continuamente postergado por el Congreso desde 2019, permitiendo que la minería ilegal siga creciendo.

Víctor Fuentes, del Instituto Peruano de Economía, señala que «buena parte del fracaso de las políticas de formalización es porque no se cierra el Reinfo, de alguna manera el Congreso ha sido cómplice en el incremento de la minería ilegal en Perú».

Julio Corcuera enfatizó que «hay una cadena productiva ilícita, por eso resulta necesario poner límites y no facilitar la economía paralela». Fuentes añadió que «principalmente el oro y el cobre han favorecido a una minería particular, los grandes proyectos mineros paralizados por conflictos no han detenido a la minería ilegal».

Finalmente, el destino del oro ilegal es mayoritariamente India, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, lo que subraya la importancia de asegurar que toda la cadena de extracción, producción y transporte del oro sea completamente legal para proteger la economía formal y la seguridad del país.