La reciente suspensión en Ecuador de un decreto que permitía realizar consultas medioambientales previas a la concesión de licencias para proyectos industriales y mineros ha desencadenado una serie de reacciones y consecuencias económicas. Según asociaciones empresariales, esta decisión ha paralizado inversiones por un valor de 2 000 millones de dólares.
El Tribunal Constitucional de Ecuador tomó la decisión de suspender el decreto del presidente saliente, Guillermo Lasso, tras argumentos presentados por el grupo indígena CONAIE. Este grupo sostiene que los procesos favorecían el desarrollo de proyectos mineros en detrimento de las comunidades locales.
Expedido en mayo, el decreto tenía como objetivo que las consultas a las comunidades cercanas a los proyectos industriales y extractivos fueran un paso esencial para obtener licencias ambientales. Esta medida buscaba agilizar la obtención de permisos, facilitando así el desarrollo industrial y minero en el país.
Actualmente, se encuentran suspendidos al menos 176 procesos de consulta ambiental. Estos incluyen proyectos de minería, plantas de tratamiento de residuos y presas, entre otros. El Ministerio de Medio Ambiente ha calificado la decisión del tribunal como “inaceptable”, evidenciando la tensión entre las autoridades y las entidades reguladoras.
El sector productivo, representado por María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara Ecuatoriana de Minería, y respaldado por mineros manifestantes y comunidades afectadas, ha solicitado a la Corte que reconsidere su decisión. Sin embargo, hasta el momento, el Tribunal Constitucional no ha emitido comentarios al respecto.
La región andina de Ecuador ha sido escenario de resistencia a las consultas medioambientales, especialmente donde las empresas mineras buscan desarrollar sus proyectos. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) ha señalado que la falta de estas consultas desalienta nuevas inversiones. María Paz Jervis, presidenta de la CIP, enfatizó que esta situación ha hecho que Ecuador pierda atractivo ante los inversionistas extranjeros, lo que se traduce en una paralización del empleo en las empresas formales.
