Desde el 2017, el sistema de certificación ambiental en el Perú se ha convertido en un obstáculo significativo para la aprobación de permisos de exploración, afirmó Miguel Cardozo, exdirector del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Según el experto, este cambio regulatorio ha llevado a la implementación de normas que no cumplen sus objetivos, generan burocracia innecesaria y extienden los plazos de aplicación, afectando radicalmente la competitividad del país en el sector minero.
Cardozo señaló que, mientras otros países mineros han adoptado normas estrictas pero eficientes que garantizan un control ambiental y social efectivo, el Perú ha desarrollado sistemas marcados por extremismos ideológicos y agendas políticas que han resultado en una supervisión ineficaz. Esta situación, según el especialista, no solo ha perjudicado la industria formal, sino que también ha dejado espacio para el avance de la minería ilegal, caracterizada por desmanes ambientales, sociales y actividades delictivas.
El punto de quiebre más evidente, mencionó Cardozo, fue la publicación del Decreto Supremo N° 042-2017-EM – Asuntos Ambientales Mineros, el 22 de diciembre de 2017. Este marco regulatorio, en lugar de fomentar una minería responsable y sostenible, terminó por crear barreras que desincentivan la inversión en exploración minera, pese al gran potencial geológico del Perú y la calidad de sus yacimientos.
“El Perú, a pesar de su riqueza geológica, ha caído en los rankings globales de atractivo para la inversión minera”, advirtió el experto. Reportes como las encuestas del grupo Fraser y los índices de competitividad elaborados por el IIMP-Macroconsult reflejan que el país se encuentra entre los menos atractivos del mundo para las inversiones en minería y exploración.
Cardozo también destacó que, a nivel global, la industria minera ha avanzado significativamente en la adopción de estándares ambientales y sociales, promoviendo prácticas responsables y eficientes. Sin embargo, lamentó que en el Perú no se haya logrado replicar este modelo colaborativo entre gobierno e industria, que en otros países asegura un proceso ágil y confiable en la aplicación de las normas.
“Es crucial que se revisen y optimicen los marcos regulatorios en el Perú para recuperar la competitividad perdida y garantizar un desarrollo minero que sea beneficioso tanto para la economía como para las comunidades locales”, concluyó el exdirector del IIMP.
