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Plazo hasta el 20 de noviembre de 2023 para acogerse al Plan Ambiental Detallado en actividades eléctricas

Plan Ambiental Detallado en actividades eléctricas

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció que los titulares de actividades eléctricas que deseen aprovechar el Plan Ambiental Detallado (PAD) deberán notificar su decisión a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) antes del 20 de noviembre de 2023. Esto es un requisito para llevar a cabo el proceso de manera regular.

El PAD es un instrumento de gestión ambiental excepcional que evalúa los impactos ambientales negativos reales o potenciales en el área de influencia de la actividad eléctrica en curso. Su finalidad es facilitar la adaptación de dicha actividad a las regulaciones ambientales vigentes.

De acuerdo con esta normativa, las empresas eléctricas deben asegurarse de cumplir con el PAD a través de medidas correctivas y permanentes, un presupuesto y un cronograma de implementación. Esto se aplica a las medidas de prevención, minimización, rehabilitación y, en caso necesario, compensación ambiental.

El MINEM señaló que, durante la elaboración de esta regulación, la DGAAE identificó 1,203 instalaciones eléctricas en todo el país que carecen de instrumentos de gestión ambiental. De estas instalaciones, 906 pertenecen a municipalidades y gobiernos regionales.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 014-2023-EM, que establece disposiciones adicionales para el PAD en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, la presentación de este documento es obligatoria para aquellos titulares que han estado llevando a cabo actividades eléctricas mediante una Declaración Jurada, en lugar de un estudio ambiental conforme a las regulaciones vigentes en ese momento. Las empresas eléctricas tienen hasta el 20 de noviembre de 2023 para comunicar su decisión al respecto.

Adicionalmente, la normativa especifica que los titulares de las actividades eléctricas cuentan con un plazo de 3 años para presentar el instrumento, mientras que las municipalidades y gobiernos regionales disponen de 5 años para hacerlo.

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