La aprobación de un pre dictamen de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha desatado preocupación entre expertos y representantes del sector, quienes advierten que la medida podría comprometer la seguridad jurídica y desalentar la inversión privada en el país.

Uno de los puntos más polémicos del pre dictamen es la inclusión de la figura de la servidumbre en concesiones mineras inactivas. Según el documento, en caso de que no exista consenso entre las partes, estas podrán acudir a las Oficinas de Conciliación Minera (OFICOM) que implementará el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para buscar un acuerdo. De no lograrse, el Minem resolverá la controversia estableciendo una contraprestación económica a favor del titular minero.

Fuentes consultadas señalaron que este mecanismo podría ser considerado una forma de expropiación encubierta, vulnerando la seguridad jurídica y la propiedad de los titulares de concesiones formales. Además, indicaron que la medida podría incentivar la invasión de concesiones mineras legalmente establecidas.

La figura de la servidumbre, actualmente regulada en la Ley General de Minería, está diseñada para facilitar el acceso al terreno superficial, no para permitir la explotación de recursos minerales, actividad que requiere una concesión otorgada por el Estado. Cualquier intento de modificar esta disposición sería, según expertos, una trasgresión a la Constitución peruana.

El pre dictamen es resultado del trabajo conjunto entre la Comisión de Energía y Minas y representantes de mineros informales. No obstante, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) decidió retirarse de la mesa de trabajo, argumentando una parcialidad evidente en las discusiones.

Por otro lado, el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Homar Loza, informó que el organismo ha sido invitado por la comisión para participar en la mesa técnica, con el objetivo de contribuir a la aprobación de un dictamen final para la Ley MAPE. Mientras tanto, las inquietudes sobre las posibles implicancias de esta legislación continúan generando debate.