El avance de la minería ilegal en el Perú está generando graves impactos sobre las concesiones formales, amenazando el desarrollo de proyectos mineros clave en diversas regiones del país. Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), alertó sobre esta problemática durante su participación en el reciente Jueves Minero, destacando que, además de enfrentar la burocracia estatal, los inversionistas ahora deben lidiar con esta actividad ilícita.
Ortiz señaló que varios proyectos significativos se encuentran en zonas invadidas por mineros ilegales, situación que genera vacíos legales e incertidumbre respecto a su continuidad. «No se puede avanzar en etapas de exploración o minado cuando las concesiones están ocupadas ilegalmente», enfatizó.
Por su parte, Gustavo Ramírez, abogado senior de Licencias y Autorizaciones de Compañía Minera Poderosa, consideró que para el 2025 el principal reto del Gobierno será implementar estrategias efectivas para detener esta actividad ilícita. Ramírez criticó la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses más, aprobada por el Congreso, argumentando que este mecanismo, lejos de solucionar el problema, facilita la operación con impunidad de los mineros ilegales.
El abogado advirtió que lo que ocurre en Pataz es solo un ejemplo de una tendencia que se extiende a otras zonas del país, alertando sobre el riesgo de que las economías criminales ganen mayor control si no se toman medidas inmediatas. «No podemos esperar a que esta problemática termine gobernando nuestras regiones», subrayó durante el evento del IIMP.
