El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, reveló que su equipo, en colaboración con la Policía Nacional del Perú, ha incautado bienes por un valor de S/1,000 millones a organizaciones vinculadas a la minería ilegal. Entre los bienes decomisados destacan excavadoras, volquetes, cargadores frontales y hasta 1,000 kilos de oro en distintas intervenciones.

A pesar de estos logros, Chávarry señaló que los resultados son limitados frente a la magnitud de esta actividad ilícita. Actualmente, el Ministerio Público tiene más de 7,200 casos en investigación y ha logrado 320 sentencias condenatorias a nivel nacional. “La respuesta judicial y penal aún es poca en comparación con la cantidad de mineros ilegales que operan”, afirmó en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El fiscal también advirtió sobre el comportamiento «nómade» de estas organizaciones, que adaptan sus operaciones a factores climáticos, principalmente el acceso al agua, un recurso esencial para la minería ilegal. “Mientras tengan acceso al agua, pueden continuar con sus actividades, luego buscan los insumos químicos necesarios”, explicó.

Esta movilidad ha llevado a los mineros ilegales a adentrarse en áreas cada vez más remotas, incluyendo zonas protegidas como la Reserva Tambopata en Madre de Dios y el Parque Nacional Bahuaja Sonene en Puno. Además, mencionó que estas actividades se han expandido a ríos como el Nanay y el Cenepa, intensificando el daño ambiental y dificultando las labores de control.

El avance hacia zonas protegidas y de difícil acceso representa un desafío mayor para las autoridades. Sin embargo, los esfuerzos para frenar esta actividad ilegal continúan, en busca de reducir su impacto en el medio ambiente y desarticular las redes criminales detrás de la minería ilegal en el país.