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Estado peruano recupera barras de oro de minería ilegal tras fallo judicial

Oro

El Estado peruano ha logrado recuperar dos barras de oro con un peso total de 19.46 kilogramos y un valor superior a 1.7 millones de dólares, tras una sentencia obtenida por la Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima. La resolución judicial confirmó que el metal tenía un origen ilícito, ligado a actividades de minería ilegal y lavado de activos, permitiendo su transferencia al Estado bajo el marco del Decreto Legislativo N.° 1373.

El caso se remonta a 2020, cuando la empresa Coorporación Capricornio Company E.I.R.L intentó exportar las barras de oro a Estados Unidos, alegando un origen legal. Sin embargo, una investigación del Ministerio Público evidenció que se trataba de un esquema de fachada diseñado para ocultar la procedencia ilícita del metal. Durante el juicio, el fiscal provincial Carlos Arturo Salas Bustinza presentó pruebas que demostraron que la compañía operaba como una pantalla para legitimar la extracción y comercialización de oro ilegal.

La sentencia ratificó que las barras de oro no provenían de concesiones mineras registradas, sino de operaciones clandestinas que infringían normativas ambientales y tributarias. En este sentido, la extinción de dominio se consolidó como una herramienta clave para combatir estructuras criminales que se benefician de la explotación ilegal de recursos naturales, según destacaron las autoridades.

Paralelamente, el Estado peruano ha intensificado su lucha contra la minería ilegal. En 2024, se ejecutaron más de 720 operativos de interdicción en distintas regiones, destruyendo bienes y herramientas valorados en más de 2 mil millones de soles. Según Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate a esta actividad ilícita, estas acciones fueron lideradas por el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército y la Marina de Guerra, con el respaldo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Los operativos se concentraron en regiones con alto impacto ambiental y social, como Madre de Dios, Piura, Amazonas, Huánuco y Loreto. Solo en diciembre, se realizaron 21 intervenciones, con la destrucción de equipos por un valor superior a 17 millones de soles. Un golpe significativo ocurrió el 22 de diciembre en Condorcanqui, Amazonas, donde se desmanteló maquinaria y materiales mineros ilegales por 24 millones de soles.

De cara a 2025, el gobierno implementará una nueva estrategia nacional contra la minería ilegal, desarrollada por una comisión multisectorial de carácter permanente. Esta iniciativa no solo se enfocará en la destrucción de infraestructura ilegal, sino también en atacar distintos eslabones de la cadena de valor de esta actividad ilícita. El plan incluirá el impulso a la formalización minera, el desarrollo de alternativas económicas sostenibles y un sistema más riguroso de trazabilidad de materiales auríferos, con el objetivo de ejercer un mayor control sobre la extracción y comercialización del oro en el país.

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