En el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), abordó la problemática de la minería ilegal en el país, destacando la necesidad de acciones multisectoriales para erradicar esta actividad y promover la inversión formal.

Bustamante subrayó la urgencia de fiscalizar y controlar las plantas de procesamiento de mineral, que suelen ser utilizadas por la minería ilegal a través de circuitos formales. Explicó que estas plantas reciben oro sin poder sustentar su origen, lo que hace imprescindible una rigurosa fiscalización.

El presidente de Confiep también hizo hincapié en la necesidad de ajustar la ley de formalización de la minería artesanal. Criticó la coexistencia de una regulación avanzada para la minería formal y un sistema permisivo para la minería artesanal, conocido como Reinfo, que facilita la expansión de actividades ilegales mediante simples declaraciones juradas.

Bustamante destacó la importancia de mejorar la regulación, acompañándola con una fiscalización y control policial efectivos. Además, mencionó la relevancia de monitorear el sistema financiero para investigar los movimientos de grandes sumas de dinero por empresas de micro o pequeña minería.

Para fortalecer la lucha contra la minería ilegal, Bustamante instó a profesionalizar y capacitar a los funcionarios de las direcciones regionales de minería (DREM). Consideró fundamental que los gobiernos regionales, que han asumido parte de las atribuciones relacionadas con la minería artesanal, sean apoyados para ejercer su labor de manera eficiente.

El líder empresarial resaltó la necesidad de reactivar la inteligencia de las fuerzas policiales para enfrentar a los mineros ilegales, aprovechando de manera óptima los ciclos de inversión.

Bustamante puso en contexto el crecimiento de la minería ilegal en el país. Señaló que, aunque oficialmente el Perú produce tres millones de onzas de oro, cinco millones salen por la frontera y aduanas. Además, mencionó que Bolivia, sin ser productor de oro, ha exportado alrededor de un millón de onzas provenientes de la minería ilegal en Puno.

Entre los peligros de la minería ilegal, Bustamante mencionó la desprotección de los trabajadores, la violencia que genera y la contaminación ambiental. Esta actividad no solo afecta a la ciudadanía, sino también a las empresas formales, mediante el uso de armas y explosivos para controlar territorios.

La discusión en el programa Diálogos Mineros subraya la necesidad urgente de una respuesta integral y colaborativa entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para enfrentar la minería ilegal y fomentar un sector minero sostenible y formal en el Perú.