La crisis del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal vuelve a encender las alertas en el inicio de una nueva etapa política. La CONADEMI exhortó al presidente de la República, José María Balcázar, a convertir este tema en una prioridad nacional y adoptar medidas inmediatas que permitan destrabar un sistema que hoy se encuentra prácticamente paralizado.

De acuerdo con el gremio, el proceso atraviesa un estancamiento crítico reflejado en cifras alarmantes. Durante el 2025, el Ministerio de Energía y Minas solo logró formalizar a 73 mineros a nivel nacional. En regiones con fuerte presencia minera, como La Libertad y Arequipa, los resultados fueron aún más bajos, con apenas cinco y dos mineros formalizados, respectivamente, lo que evidencia la ineficacia del modelo actual.

Uno de los factores que explican este bajo avance es la inestabilidad institucional. Entre 2025 y 2026 se designaron cinco directores en la Dirección General de Formalización Minera, siendo el último removido tras solo una semana en el cargo, en medio de denuncias públicas por presuntos cobros indebidos e interferencias políticas. Esta situación, agravada por recientes cuestionamientos al propio sector Energía y Minas, ha debilitado la gestión y frenado decisiones clave.

A ello se suman demoras estructurales en trámites fundamentales como la aprobación del IGAFOM, los cambios de derecho minero, decretos pendientes y la emisión de opiniones técnicas favorables para el uso de explosivos. Según CONADEMI, la paralización de estos procedimientos no solo retrasa la formalización, sino que también incentiva el contrabando de explosivos y fortalece a la minería ilegal.

Tras la depuración del REINFO, actualmente existen 31,622 mineros en proceso de formalización. Sin embargo, al ritmo actual —menos de 100 formalizaciones al año— no se alcanzaría ni el 0.5% del total antes del 31 de diciembre, fecha límite fijada por la ley. En muchos casos, incluso cuando el minero cuenta con concesión o contrato de explotación, la responsabilidad recae en el Estado, que no facilita ni impulsa el cierre del proceso.

El gremio minero también recordó que el Estado mantiene pendientes obligaciones clave, como la emisión del reglamento dentro del plazo legal, el sinceramiento sobre la ubicación real de las actividades mineras y la realización de un censo nacional minero que permita contar con información precisa y actualizada del sector.

Frente a este panorama, CONADEMI instó al nuevo gobierno a designar un ministro de Energía y Minas con experiencia, honestidad y compromiso real con la pequeña minería y la minería artesanal. El objetivo, señalaron, debe ser dejar un número significativo de mineros formalizados y abrir un camino ordenado para la inclusión de nuevos peruanos en una actividad que atraviesa uno de sus mejores momentos históricos y que sigue siendo un pilar fundamental del empleo y la economía nacional.