La minería ilegal, que en los últimos tres años movilizó US$ 2,248 millones según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), continúa siendo una de las principales amenazas para el país, advirtió Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). El directivo enfatizó que este problema no solo daña el medioambiente, sino que también alimenta la criminalidad, la trata de personas, la inseguridad y provoca la muerte de trabajadores.
Ortiz insistió en que la única manera de erradicarla es mediante políticas estructurales bien ejecutadas y un plan integral con objetivos, plazos y responsabilidades claras, articulando acciones entre todas las instituciones involucradas. También destacó la importancia de reforzar la inteligencia operativa, el control de insumos, explosivos y maquinaria pesada, así como intensificar los operativos de interdicción y la destrucción de dragas y equipos.
En paralelo, recordó que la minería formal es clave para el desarrollo económico del Perú, al generar empleo, atraer inversiones, dinamizar economías locales y aportar recursos como el canon y las regalías, que impactan directamente en la calidad de vida de las poblaciones cercanas a los proyectos.
Tras casi un mes de instalada la mesa de trabajo de 60 días para consensuar una nueva Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley Mape), el vocero del IIMP expresó su confianza en que el texto final se base en criterios técnicos y represente un cambio real hacia la formalización. “Confiamos en que esta vez se logre el consenso necesario para poner fin a más de una década de ilegalidad impulsada por un fallido proceso de formalización”, subrayó.
Finalmente, Ortiz respaldó las intervenciones de la Fiscalía Ambiental para clausurar bocaminas y campamentos ilegales, y reiteró que la solución exige continuidad, coordinación y una ejecución rigurosa de las políticas públicas.
