En medio del proceso de adquisición de Sierra Metals Inc. por parte de Alpayana S.A.C., esta última expresó su preocupación por los pagos de aproximadamente US$3 millones realizados a cinco altos directivos salientes de la empresa canadiense, a través de acuerdos de separación firmados el 12 de mayo de 2025. Dichos pagos, según Alpayana, no solo carecen de justificación válida, sino que se efectuaron en un contexto de graves problemas de liquidez.
Los acuerdos beneficiaron al entonces CEO Ernesto Balarezo, al CFO Jean Pierre Fort, así como a los vicepresidentes Rajesh Vyas, Alberto Calle y Patricia Kosa. Sierra Metals demoró casi dos meses en revelar públicamente esta información clave, incluyendo los términos de dichos acuerdos, lo cual fue señalado por Alpayana como una grave omisión y un patrón repetido de falta de transparencia hacia sus accionistas.
Más aún, Alpayana denunció que estos acuerdos modificaron el mecanismo de “doble gatillo” previamente establecido en los contratos laborales, el cual requería tanto un cambio de control como una desvinculación sin causa para activar los pagos compensatorios. En lugar de ello, Sierra habría suprimido este requisito, permitiendo el desembolso inmediato de los beneficios al momento del cambio de control, sin contar con la aprobación del nuevo accionista mayoritario.
En una carta del 11 de junio de 2025, el comité especial de Sierra admitió que la empresa enfrentaba serias dificultades de liquidez, por lo que Alpayana considera “altamente inapropiado” que se priorizaran pagos a ejecutivos salientes en lugar de resguardar la salud financiera de la compañía. Además, persisten dudas sobre si otros empleados no ejecutivos también habrían recibido compensaciones similares, lo que aún no ha sido esclarecido.
Alpayana, empresa minera con más de 38 años de operaciones en Perú y presencia internacional a través de Alpayana Canada Ltd., enfatizó que no respaldó ni aprobó los acuerdos de separación y que investigará a fondo estos hechos una vez que obtenga acceso completo a los registros de Sierra tras la asamblea de accionistas prevista para el 29 de julio de 2025.
La minera peruana sostiene que estos actos son contrarios a los intereses de la compañía y sus accionistas, y se reserva el derecho de emprender las acciones que considere necesarias.
