El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado con el propósito de formalizar a los pequeños y artesanales mineros en Perú, fue extendido por seis meses más, en medio de duras críticas por haberse convertido en un escudo para la minería ilegal que opera sin mayor fiscalización, particularmente en los sectores del oro y el cobre.

La medida, anunciada por el Gobierno, se produce luego de que el Congreso no lograra debatir ni aprobar la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE), debido al escaso quórum tanto de legisladores como de representantes ministeriales en la Comisión de Energía y Minas. Esta parálisis legislativa empuja la reanudación del debate hacia fines de julio o inicios de agosto, cuando comience el nuevo periodo parlamentario.

La falta de acuerdo entre los diversos actores involucrados, como el Congreso, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y otras entidades públicas, ha generado un ciclo de postergaciones que impide implementar una regulación efectiva para el sector. Mientras tanto, el Reinfo continúa vigente, permitiendo que miles de mineros sin licencia operen sin mayor control.

De los 82,129 mineros inscritos en el Reinfo desde su creación en agosto de 2017, apenas 23,289 cuentan con licencias vigentes. A pesar de estas cifras, la fiscalización sobre quienes permanecen en el registro sigue siendo limitada. El programa, que debía culminar en agosto de 2020, ha sido prorrogado varias veces, erosionando su legitimidad y utilidad.

La situación ha generado cuestionamientos incluso dentro del Ejecutivo. El exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue retirado de su cargo tras los retrasos en la aprobación de la Ley MAPE. Su sucesor, Jorge Montero, ha prometido que esta será la última prórroga del Reinfo, en un intento por recuperar el control y encaminar el proceso de formalización.

Mientras tanto, las consecuencias de la expansión de la minería ilegal son alarmantes. Según estimaciones, esta actividad podría mover hasta 12.000 millones de dólares en 2025. Solo en mayo, se reportaron 13 personas asesinadas en enfrentamientos en concesiones formales, reflejo del creciente conflicto en territorios mineros desregulados.

La permanencia del Reinfo sin un marco normativo claro y sin avances reales en la formalización minera pone en evidencia los vacíos estructurales de la política pública minera en el Perú, y plantea urgentes interrogantes sobre el rumbo que tomará el país en esta materia durante los próximos meses.