El Instituto Peruano de Economía (IPE) hizo un llamado a la necesidad de una coordinación regional para combatir la salida de oro ilegal en las fronteras peruanas. Carlos Gallardo, gerente general del IPE, subrayó la urgencia de establecer normas internacionales compartidas con países como Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil para fiscalizar la trazabilidad del mineral exportado.
Durante una entrevista con el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gallardo expresó su preocupación sobre un vacío legal en la normativa peruana que dificulta rastrear el origen del oro exportado a mercados como India, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Suiza y Canadá. Según explicó, existe la posibilidad de que las cifras de exportaciones legales incluyan oro extraído por organizaciones criminales asociadas a la minería ilegal.
Gallardo también señaló que el problema no se limita al comercio del oro. El rastreo del lavado de dinero derivado de la minería ilegal enfrenta serias limitaciones legales en el Perú. Según datos de la Fiscalía, esta actividad ilícita genera un movimiento de hasta US$ 12 mil millones al año. “Sin una capacidad de coordinación entre los países fronterizos, será difícil erradicar la minería ilegal, que opera ampliamente en las fronteras”, afirmó.
Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros destacó avances en la lucha contra la minería ilegal en la región Madre de Dios, conocida por ser uno de los principales focos de extracción ilícita. En coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), se ejecutaron operativos exitosos en los primeros meses de 2025.
Uno de estos operativos, realizado en el río Madre de Dios por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), resultó en la incautación y destrucción de nueve dragas, ocho motores, cinco bombas de succión y otros equipos, con un valor estimado superior a los S/306 mil. Estas acciones buscan frenar el impacto ambiental y económico de la minería ilegal en el país.
El llamado del IPE resalta la necesidad de un esfuerzo conjunto entre naciones para abordar un problema que trasciende fronteras y afecta gravemente al sector minero y a la economía peruana.
