Un ambicioso proyecto de extracción de litio, valorado en 1.000 millones de euros y destinado a convertirse en la mayor mina de Francia en décadas, ha desatado un intenso debate en la región de Allier, en el centro del país. La iniciativa, liderada por la empresa minera francesa Imerys, busca producir suficiente litio para fabricar baterías para más de 660.000 vehículos eléctricos al año a partir de 2028, pero enfrenta la resistencia de la población local preocupada por su impacto ambiental.

En una serie de 42 eventos organizados por la Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP), más de 3.600 participantes han expresado sus inquietudes sobre posibles daños al medio ambiente, incluyendo contaminación del agua, consumo elevado de energía y uso de productos químicos durante el proceso de extracción. En la presentación de los resultados del debate, realizada el pasado 30 de septiembre, Jean-Michel Bricard, residente de Montluçon, señaló que el proyecto deberá operar bajo estrictos límites, gracias a las aportaciones ciudadanas. «Todavía hay muchas preguntas sin respuesta», afirmó.

Francia considera que esta mina es esencial para su transición ecológica y su soberanía nacional, especialmente en el contexto de las políticas de la Unión Europea (UE) para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. La UE planea prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035, lo que ha incrementado la demanda de litio, un mineral crítico para las baterías de vehículos eléctricos. Sin embargo, Europa depende casi por completo de las importaciones de China para abastecerse de este recurso clave.

El proyecto de Imerys forma parte de un esfuerzo más amplio por aumentar la extracción nacional de litio en Europa, con nuevos planes de minas en Alemania, Austria y Portugal, este último siendo el único productor importante hasta ahora. Sin embargo, iniciativas similares han generado fuertes reacciones en todo el continente. En Serbia, por ejemplo, miles de ciudadanos protestaron contra un proyecto de litio impulsado por el Gobierno para abastecer a la UE, lo que refleja la creciente resistencia popular frente a estas iniciativas mineras.

La disputa en Allier simboliza los dilemas que enfrentan los gobiernos europeos al intentar equilibrar la transición ecológica, la soberanía energética y las preocupaciones ambientales locales, en un contexto de dependencia global y presión por adoptar tecnologías más sostenibles.