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Facilitación de la adecuación ambiental en el sector eléctrico peruano

Facilitación de la adecuación ambiental en el sector eléctrico peruano

El Gobierno peruano ha dado un paso importante para impulsar el desarrollo sostenible en el sector eléctrico del país. El Decreto Supremo N° 014-2023-EM, recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo, introduce disposiciones complementarias para el Plan Ambiental Detallado (PAD) regulado en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. El objetivo principal de esta medida es promover la sostenibilidad en las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad a nivel nacional.

El PAD se presenta como un instrumento de gestión ambiental excepcional que se centra en abordar los impactos ambientales negativos, tanto reales como potenciales, generados o identificados en el área de influencia de una actividad eléctrica en curso. Su propósito es facilitar la adecuación de estas actividades a las regulaciones y normativas ambientales vigentes en el país.

Uno de los cambios clave introducidos por este Decreto Supremo es la extensión de plazos para que los titulares de las actividades eléctricas puedan acogerse al PAD. Estos titulares deben comunicar su decisión a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta el 20 de noviembre de 2023. En el caso de municipalidades y gobiernos regionales que necesiten comunicar su acogimiento, el plazo se extiende a un año, hasta el 20 de agosto de 2024.

Además, el Decreto Supremo establece plazos adicionales para la presentación efectiva del PAD. Los titulares de las actividades eléctricas tendrán un plazo de 3 años, mientras que las municipalidades y gobiernos regionales contarán con 5 años, ambos contados a partir de la entrada en vigor de la norma.

El MINEM también informó que, durante la elaboración de esta normativa, la DGAAE identificó un total de 1,203 instalaciones eléctricas en todo el país que carecen de instrumentos de gestión ambiental. De estas, 906 instalaciones corresponden a municipalidades y gobiernos regionales. Este enfoque en la gestión ambiental en el sector eléctrico busca garantizar un desarrollo más sostenible y responsable en el país.

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