En la actualidad se ha vuelto más fácil iniciar y sostener un conflicto social debido al inadecuado manejo de esta problemática por parte de las autoridades. 

La Defensoría del Pueblo reportó, hasta agosto de este año, 209 conflictos sociales en el Perú, 89 de los cuales pertenecían al sector minero. Asimismo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que la pérdida de producción minera como consecuencia de este problema ascendió a USD 790 millones hasta el mes de setiembre, sumándose a ello una cifra aproximada de S/ 740 millones en impuestos y regalías mineras que el Estado dejó de recaudar.

Por su parte, el presidente de la SNMPE, Raúl Jacob, indicó que en el pasado los conflictos sociales se suscitaban mayormente en los proyectos mineros que se encontraban en desarrollo y muy poco en las minas. Adicional a ello, también expresó que actualmente se ha vuelto mucho más fácil que antes iniciar un conflicto social.

«Normalmente no había conflictos en las operaciones mineras, sino que eran más bien en los proyectos. Desde esta administración se ha aumentado la tolerancia a estos conflictos y es una situación que no se puede sostener, pues no se aprovechan los recursos que tiene el país. Se tiene que respetar el Estado de derecho, pues, por ejemplo, con Quellaveco (refiriéndose a la disputa por los derechos del agua) vemos que se está dejando de lado ocho años de trabajo en permisos», expresó Jacob durante su participación en un evento organizado por Moody’s.

Por otro lado, BBVA Research señaló que los constantes conflictos sociales en el sector minero peruano han generado un decrecimiento en la proyección de producción de cobre para el 2023. «Los conflictos sociales se han ido elevando de manera preocupante y van a afectar el normal despliegue de las actividades productivas. La entrada en operación de Quellaveco atenuaría el escenario», indicaron.