Dieciocho instituciones, encabezadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), están a punto de concluir una nueva estrategia nacional destinada a combatir la minería ilegal y promover la formalización en el sector. El anuncio fue realizado por el alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, durante su participación en la Semana de la Ingeniería de Minas 2025, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) en el Colegio de Ingenieros.
Entre las entidades que participan en este esfuerzo destacan Sucamec, Sunat, las Fiscalías de lavado de activos y crimen organizado, las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional, entre otras. García Esquerre detalló que la estrategia se encuentra en su etapa final, con un decreto supremo en proceso de aprobación, lo que la hará vinculante para todas las instituciones involucradas. “Estamos trabajando ya en el decreto supremo, levantando algunas observaciones. En cuestión de días estará aprobado”, aseguró.
El alto comisionado destacó que esta nueva política representa un cambio significativo respecto a la estrategia vigente desde 2014, que se centraba exclusivamente en la interdicción. La nueva propuesta, denominada «reducción e interdicción», incorpora líneas de acción enfocadas en la formalización y la promoción de economías alternativas, priorizando la minería legal y formal como opciones sostenibles.
Por otro lado, García Esquerre fue enfático al señalar que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no ha sido efectivo. “En ocho años, solo hemos logrado formalizar el 2.4% de los inscritos. De más de 84 mil, apenas algo más de 2.100 han sido formalizados. Esto definitivamente no ha funcionado”, afirmó. En ese contexto, consideró crucial no extender nuevamente el Reinfo y aprobar la nueva Ley Mape, actualmente en debate en el Congreso.
La estrategia propuesta busca una intervención integral, donde además de combatir la minería ilegal, se fomente un entorno que facilite la formalización y brinde alternativas económicas viables para las comunidades afectadas. «La formalización y la minería legal son los pilares para frenar esta actividad ilegal», concluyó García Esquerre.
