Pocas personas dudan de la importancia de la actividad minera en el Perú ante la tremenda crisis económica que atraviesa el país producto del terrible golpe sanitario de la pandemia del COVID-19 y las malas decisiones de un Estado cada vez más distante e ineficiente.

Las estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) señalan que por cada empleo directo adicionalmente se generan 6.25 empleos en el resto de la economía. ‘Esto representaría una estimación del empleo directo e indirecto de la minería de 4.6 millones de persona’, afirma.

Así, el mayor reto peruano debería ser vigilar que todas las políticas públicas impulsen las condiciones necesarias para la inversión minera. Lamentablemente, no es así. El Diagnóstico del Sector Minero Perú 2021 del Banco Mundial advierte que más de USD 12 mil millones no fueron invertidos en una serie de proyectos debido a los conflictos sociales de un total de 48 proyectos que bordean los USD 57 mil millones. El 90 % son greenfield; es decir, proyectos que parten de cero y que requieren permisos ambientales y sectoriales para montar plantas y desarrollar infraestructura.

La retirada de estas inversiones afecta directamente a las zonas de influencia, además genera un inmenso forado en la economía nacional. Según el Ministerio de Energía y Minas, en el año 2018 el personal empleado de la misma región representaba el 52 %, mientras que el personal proveniente de otras regiones alcanzaba el 47 %.

Ahora bien, la debilidad institucional gubernamental abre otro frente: de los 129 conflictos socioambientales activos y latentes registrados a fines del año pasado, el 66.7 % (86 casos) corresponden a conflictos mineros, según reporta la Defensoría del Pueblo.

Quiérase o no, el Estado peruano ha parcelado su responsabilidad en cada uno de los proyectos mineros. La empresa debe asumir infraestructura, salud, educación, calidad de vida, entre otros rubros del desarrollo humano. El diálogo sectorial se entorpece ante discursos ideológicos, una burocracia dispendiosa en ‘tramitología’ torpe, funcionarios de gobiernos subnacionales, alcaldes ineficientes y sospechosas disputas entre los ministerios de Cultura, Energía y Minas, Economía y Finanzas y demás organismos públicos. Todos dedicados a impedir cualquier horizonte de solución.

‘El Estado peruano es débil en colaboración y coordinación entre los ministerios y los niveles de gobierno, y esto se traduce en un grave obstáculo a la formulación e implementación de políticas, cuando no en disputas interministeriales”, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El momento actual exige la presencia activa de todos los ciudadanos. En nuestras páginas estará impreso nuestro compromiso: informando, investigando, analizando y denunciando. No le quepa duda que desde hoy Sector Minero y Energético asume el reto, porque estamos convencidos que la minería es el impulso que necesita nuestra economía.