La minería ilegal se ha convertido en una amenaza directa al desarrollo sostenible del Perú y no en un fenómeno marginal, sostuvo Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Señaló que este flagelo ha avanzado como un “cáncer” en las últimas décadas, destruyendo bosques, contaminando ríos con mercurio y alimentando al crimen organizado, mientras el Estado pierde soberanía en territorios donde las mafias se imponen.

Ortiz recordó que entre 2023 y 2025 el país dejó de recaudar más de S/ 7,500 millones en impuestos por esta actividad ilícita, recursos que pudieron destinarse a la construcción de colegios, hospitales, comisarías y carreteras. “La minería ilegal no paga impuestos, degrada el ambiente, genera inseguridad en las comunidades y crea un poder económico paralelo que desafía la autoridad del Estado”, advirtió.

El especialista subrayó que, pese a este panorama, el Perú sigue siendo atractivo para la inversión minera global. Anuncios recientes de compañías internacionales para adquirir proyectos en el país confirman la confianza en nuestro potencial geológico, aunque su materialización requiere redoblar esfuerzos contra la ilegalidad. “Si queremos consolidarnos como socios confiables en el mercado global de minerales, necesitamos una política integral, sostenida y contundente contra este flagelo”, enfatizó.

Asimismo, destacó que el país necesita intensificar la exploración para descubrir nuevos yacimientos que aseguren la continuidad de la industria minera, fuente esencial de ingresos fiscales y desarrollo regional. Recordó que el Perú tiene un papel estratégico en la transición energética global por su capacidad de producir minerales críticos como el cobre. “Solo con minería formal y responsable podremos seguir siendo motor de crecimiento y bienestar para todos los peruanos”, concluyó.