«No son pocos los desafíos, pero tampoco lo es nuestra capacidad de aportar soluciones y generar desarrollo», señaló Luis Rivera.
De acuerdo al vicepresidente para las Américas de Gold Fields y ex presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Luis Rivera, el inadecuado manejo de los conflictos sociales por parte de las autoridades, las complicadas condiciones regulatorias y la carencia de políticas públicas que promuevan la exploración minera en el país, han conseguido que la competitividad de la industria minera del Perú descienda de manera alarmante en los últimos años, ubicándonos actualmente por debajo de Chile, México y Colombia.
Asimismo, mencionó que las situaciones de inestabilidad social perjudican enormemente la ejecución de inversiones de alto riesgo y largo plazo, como lo son las inversiones en el sector minero. Por lo tanto, el ejecutivo hizo hincapié en la necesidad de proponer y compartir una agenda de desarrollo con las nuevas autoridades locales y regionales, como ya se ha venido haciendo en los últimos años.
En este sentido, Rivera puso como ejemplo de cooperación entre empresa minera y comunidad a las denominadas “empresas comunales”, las cuales se encargan de ofrecer equipos y servicios a las compañías del sector minero; generándose así, un vínculo de colaboración entre ambas partes, donde se materializa el “ganar – ganar”, concepto ampliamente usado en minería.
«El fomento del empleo, de la creación de empresas comunales y de ciclos económicos en los entornos mineros debe partir de políticas nacionales, que no sólo atiendan las necesidades de la población con una mirada asistencialista, sino que deban tener una mirada amplia del desarrollo», aseveró el ejecutivo de Gold Fields.
Por otro lado, también hizo mención del eficiente manejo del agua por parte de la industria minera, destacando que la minería en el Perú sólo utiliza el 1 % del recurso hídrico disponible a nivel nacional, por lo que es una práctica que debería ser replicada y al mismo tiempo compartida, con el propósito de que el Estado pueda ejecutar proyectos en conjunto que promuevan la conservación y el cuidado de este recurso indispensable para la vida.
