El incremento de la minería ilegal en el Perú ha obligado a reforzar las acciones de control, con más de 2,300 operativos realizados en los últimos dos años y decomisos que superan los S/ 7,000 millones. Según información expuesta en proEXPLO 2026, el promedio mensual de interdicciones pasó de 62 en 2024 a más de 130 en 2026, evidenciando un esfuerzo estatal creciente frente a esta actividad ilícita.

Pese a ello, la magnitud del problema sigue superando los recursos asignados. La minería ilegal mueve más de US$ 12,000 millones, convirtiéndose en una economía ilícita incluso mayor que el narcotráfico, pero el presupuesto para combatirla continúa siendo significativamente menor. Mientras en 2025 se destinaron alrededor de S/ 70 millones —frente a S/ 700 millones para la lucha antidrogas—, en 2026 el monto aumentó a S/ 178 millones, aunque aún insuficiente frente al desafío.

El impacto también es ambiental y social. Más de 140 mil hectáreas de bosques han sido degradadas y al menos 225 cuerpos de agua contaminados con mercurio, afectando especialmente a comunidades amazónicas en regiones como Madre de Dios, Loreto y Ucayali. Este escenario se ve agravado por el alza del precio internacional del oro, que incentiva la expansión de actividades ilegales.

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el alto comisionado Rodolfo García explicó que la estrategia nacional incorpora un enfoque integral con participación de 18 instituciones. Entre las medidas destaca el denominado “modelo Pataz”, basado en controles multisectoriales para asegurar la trazabilidad de minerales y limitar la operación de redes ilegales.

Además, el fortalecimiento legal mediante nuevas normas permite intervenir no solo en la extracción, sino también en el transporte y comercialización de minerales. Sin embargo, el reto sigue siendo significativo: reducir de forma sustancial la minería ilegal hacia 2030, lo que requerirá mayores recursos, coordinación institucional y alternativas económicas para las zonas afectadas.