La crisis en la que se encuentra el país producto de la situación política entre el expresidente Pedro Castillo y el Congreso de la República, exacerbada por el golpe de Estado que terminó con Castillo recluido en la cárcel, ha generado protestas masivas a nivel nacional, suscitándose escenarios de violencia y zozobra que la actual administración de Dina Baluarte intenta controlar.
En casi año y medio de mandato, los conflictos sociales en el sector minero no cesaron en el país, sino que fueron en aumento. Lo más preocupante es que dichos conflictos no sólo se estaban produciendo en proyectos mineros, sino en operaciones mineras en marcha, lo cual agravaba aún más la situación y encendía las alarmas. Así, de los últimos seis gobiernos que ha tenido el país, el de Pedro Castillo fue el que más conflictos relacionados a la actividad minera ha registrado junto con el del expresidente Ollanta Humala.
Durante el gobierno de Castillo, minas como Buenaventura, Las Bambas, Antamina, Cuajone y Nexa tuvieron que detener sus operaciones a causa de conflictos sociales. Muchas de ellas paralizaron sus actividades en más de una ocasión, llegándose a contabilizar periodos de cese mayores a un mes. A causa de esto se registraron pérdidas millonarias en recaudación, caída de las exportaciones y ni hablar del perjuicio causado a cientos de trabajadores directos e indirectos, cuyos ingresos dependían enteramente de la actividad minera.
Pese a todo ello, la minería ha demostrado una vez más ser el principal motor que impulsa la economía peruana, pues a noviembre de este año, las transferencias de recursos a las regiones generados por la actividad minera sumaron más de S/ 10 919 millones. Asimismo, al mes de setiembre, la recaudación fiscal minera superó valores históricos, alcanzando los S/ 14 259 millones.
En este mismo sentido, es preciso señalar que la inversión minera ha crecido 3.8 % de enero a octubre de este año, en comparación con lo registrado en 2021; se ha destacado el incremento en las inversiones destinadas a la exploración minera (34.0 %) y al desarrollo y la preparación de minas (43.6 %). En cuanto a proyectos mineros, existen en cartera 43 para construcción de mina y 63 para exploración minera, sumando entre todos ellos un monto de USD 53 754 millones en inversión.
El panorama es positivo, pues al ser el cobre imprescindible para la transición energética mundial su demanda seguirá incrementándose, lo cual favorece enormemente al país, ya que somos el segundo mayor productor de este metal en el mundo. Las condiciones para el crecimiento económico son favorables; sin embargo, la crisis en el país no ha cesado y se agrava con el pasar de los días. Se reportan protestas en diversas regiones del país, así como bloqueo de carreteras, violencia y, lamentablemente, algunas pérdidas humanas.
En este momento, el país se encuentra inmerso en una grave crisis política y social; no obstante, la actividad minera no puede detenerse, sino por el contrario, debe continuar siendo uno de los pilares más fuertes de nuestra economía nacional ante esta coyuntura que aún no sabemos cuándo terminará. Así, desde esta tribuna exhortamos a la ciudadanía a mantener la calma y solicitamos a las autoridades trabajar con celeridad para alcanzar los consensos que sean necesarios con el fin de restituir la paz social y el orden público en el país.